OBRA PUBLICA Y CORRUPCIÓN

Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de Cristina

La Cámara la consideró presunta jefa de una asociación ilícita. Acusación firme para varios ex funcionarios y beneficio a empresarios.

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva para Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción. Como respuesta, la ex presidenta sostuvo que ese fallo fue emitido por un “partido judicial a la carta”.

La confirmación del procesamiento de Cristina era el hecho judicial al cual el magistrado federal Claudio Bonadio había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la ex mandataria (ver aparte).

Al respecto, la senadora nacional de Unidad Ciudadana (UC) se quejó (a través de su cuenta de Twitter) por el nuevo procesamiento en su contra, dijo que el fallo fue emitido por un “partido judicial a la carta” y vinculó a Cambiemos y al diario Clarín con la resolución.

La Sala I de la Cámara Federal ratificó, además, el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Control y Coordinación del Planificación Federal, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita.

La Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a los ocho cuadernos del remisero Oscar Centeno.

Respecto del ex chofer de Baratta, uno de los arrepentidos, su procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

“Los ocho cuadernos escritos por Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente de 2013 a 2015, son testimonios de la realidad. El más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo.

En los cuadernos escritos por Centeno “se relatan infinidad de trayectos” por las calles de la Capital Federal y del conurbano bonaerense, “cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, destacaron los camaristas.

Para la Cámara Federal, Centeno “fue testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista”, ya que “lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino”.

Sobre los destinos del dinero, los magistrados destacaron que, de acuerdo al relato de Centeno, fue en una primera etapa a “los domicilios del (entonces) matrimonio presidencial” y en, “el segundo período de narración”, a la vivienda de Baratta y a la Quinta de Olivos.

Larga lista

A la mayoría de los empresarios imputados la Cámara Federal porteña les dictó la falta de mérito con a la asociación ilícita y los procesó por cohecho (coimas), un delito más grave que el de dádivas, inculpados en algunos casos por Bonadio.

En ese mayoritario grupo de 22 empresarios aparecen, entre otros, el ex director de Lecsa Angel Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio y el CEO de Techint, Luis Betnaza.

Los tres empresarios que quedaron dentro de la asociación ilícita son Ernesto Clarens (organizador), el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner (organizador) y Gerardo Ferreyra.

Clarens y Wagner permanecerán en libertad tras haberse acogido al régimen de los imputados colaboradores o arrepentidos, mientras que Ferreyra seguirá en prisión.

El tribunal de apelaciones confirmó, además, los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas como miembros de asociación ilícita.

La Cámara revocó, asimismo, la falta de mérito que había beneficiado a los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti y los procesó como partícipes necesarios de cohecho al hacer lugar a una apelación de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Entre los beneficiados por el fallo aparecen el ex juez federal Norberto Oyarbide y los ex funcionarios Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito.

En los casos de Oyarbide y Fernández, los jueces entendieron que no fueron parte del supuesto sistema de recaudación de fondos ilegales pero podrían haber recibido dinero de la asociación ilícita, por lo que ordenaron extraer testimonios y enviarlos a sorteo para ser investigados.

El tribunal también ordenó liberar a ocho detenidos: a los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas y Hernán del Río y a los empresarios Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurai (estos dos últimos con prisión domiciliaria).