Un pasaje macabro de la historia argentina

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Fotos gentileza Luciana Hachen

Este mes se cumple aniversario de la masacre del Rincón Bomba en la que gendarmes asesinaron en 1947 a la mayor parte de la población Pilagá, en Formosa. Los reclamos de resarcimiento por genocidio para el pueblo aborigen fueron desestimados por el gobierno nacional hace unos años. 

Fotos gentileza Luciana Hachen
Fotos gentileza Luciana Hachen

Por Graciana Petrone

Alrededor de 500 cuerpos sin vida y bañados en sangre yacían diseminados sobre los senderos que bordean la plaza central de Ayo Bomba, una pequeña localidad de la provincia de Formosa. La tragedia ocurrió cuando efectivos de Gendarmería Nacional abrieron fuego contra cientos de integrantes de la comunidad Pilagá, que reclamaban en forma pacífica por el envío de provisiones y medicamentos desde la Casa Rosada. Aunque una de las premisas del periodismo a la hora de informar es la inmediatez del hecho, cuando estos datos se conocieron en 2005, la noticia ya era vieja. La tribu aborigen agredida debió esperar más de 50 años para que saliera a la luz la verdad sobre la masacre de la que fue víctima su pueblo en octubre de 1947.

El sangriento hecho sucedió a mediados del siglo pasado cuando miembros de la tribu Pilagá se negaron a trabajar como esclavos en ingenios azucareros en la provincia de Salta y retornaron a Formosa. Al regresar a su provincia enfrentaron otra dura realidad: la falta de comida, por eso reclamaron al gobierno de Juan Domingo Perón. “Cuando el general se entera de la situación envía dos vagones con alimentos, ropa y medicamentos”, cuenta Rodolfo Hachen, profesor de lingüística de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Pero lo cierto es que las provisiones fueron retenidas por la policía formoseña y repartidas entre los gendarmes y algunos habitantes del lugar. Según el académico, sólo les dejaron “los despojos y comida en mal estado”, lo que motivó la “muerte de 50 indígenas más por intoxicación”.

La comunidad Pilagá creyó que Perón los había defraudado y salieron a reclamar en forma pacífica, totalmente desarmados, mientras los gendarmes asesinaron brutalmente a unos 500 aborígenes, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. “Como una escena absurda en una película de Leonardo Fabio – explica – cientos de ellos marchaban por las calles portando retratos de Perón y Evita y fueron baleados por las ametralladoras”.

Un reclamo que continúa

Durante una exploración llevada a cabo por profesionales del Equipo de Investigación del Crimen Forense, el 17 de marzo de 2005 fueron hallados 27 cadáveres, enterrados en distintos lugares de la localidad de Ayo Bomba y en sus alrededores. “La masacre no terminó cuando los gendarmes atacaron a los indígenas durante la manifestación – aclara Hachen– sino que los fueron enterrando a medida que los mataban”.

Actualmente la comunidad Pilagá reclama al Estado que el la masacre se reconozca como genocidio. El pedido lo realizaron los abogados Carlos Díaz y Julio García ante el Juzgado Federal de Formosa en 2005, en una demanda donde exigieron que la Naciónpague una indemnización a los aborígenes “por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica”.  Según cuenta Hachen, la Fundación Rigoberta Menchú actuó como aval en esos juicios, en los que se solicitó un resarcimiento económico con el “mismo tratamiento” que se les había dado a las víctimas de la última dictadura cívico militar. “La respuesta del Gobierno – asegura el catedrático – fue que no se trató de un genocidio ya que los Pilagá no constituían un pueblo. Se les negó el hecho histórico y también su carácter de ciudadano”.